Infeliz Año Nuevo de los Presos Políticos - por Hermógenes Pérez de Arce

Invitación Lanzamiento libro "PREVARICATO".

          Chile va a celebrar el Año Nuevo como si fuera una sociedad sana. Una que se siente aliviada de no estar en riesgo de convertirse en otra Venezuela… por el momento.

Pero sólo parece sana, porque tiene un tumor. Hace como que no lo tiene o no lo sabe, pese a que unas pocas voces se lo hemos advertido por años y lo seguimos haciendo. Pero, ante el alivio transitorio de no ir camino a ser otra Venezuela, prefiere ignorarlo. Sin embargo, el mal está ahí.

          Síntomas más recientes: la Corte Suprema designa como su Presidente a un ministro, Haroldo Brito, caracterizado como activista de las condenas a militares, pasando por sobre la legalidad vigente.

          Y en estos mismos días –enésimo caso de prevaricación abierta-- la Corte Suprema condena a muchos años de presidio a un respetable coronel en retiro, Sergio Gutiérrez Rodríguez, por un triple homicidio, ocurrido el 13 de septiembre de 1973, que él no cometió. En tres mil fojas del proceso CS 95095-2016 eso está acreditado. Una prueba en su contra fue un testimonio de un militar, separado de las filas en 1975 por haber pertenecido al MIR, quien posteriormente y por escritura pública se desdijo de su acusación al coronel y manifestó haberla formulado por odio al Ejército que lo marginó. Otro testimonio, de un sujeto ya fallecido, fue invalidado por peritos por carecer éste de las condiciones psiquiátricas mínimas para ser creído. Todos los demás oficiales involucrados en el caso han fallecido, pero la jueza de fuero, Cristina Araya, dictaminó que el coronel Gutiérrez había incurrido en “responsabilidad del mando”… no habiendo tenido mando.

          Pues ha probado que no ejercía el mando de la unidad hechora de las ejecuciones por haberlo transferido a otros oficiales, todos los cuales, reitero, han fallecido. ¿Cómo pudo tener tal “responsabilidad del mando” si no mandaba?

          Entonces él recurre al Tribunal Constitucional ante los atropellos al debido proceso que ha sufrido a manos de la justicia. Ese Tribunal ordena suspender la causa en su contra. Sin embargo, pasando por sobre esa decisión, el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, otro activista como Brito, se apresura a confirmar la condena final ese mismo día, sin leer –imposible en media hora que demoró en resolver-- más de 500 documentos acompañados, probatorios de la inocencia de Gutiérrez. Juica desobedece así la orden de suspensión del TC. Nunca había sucedido eso.

Eso se llama persecución ilegal. Venganza. Es sólo odio.

          Se trata de la condena a un soldado chileno inocente, que sirvió a su Patria velando por la frontera norte amenazada en 1974-75 y luego en la frontera sur, acampando por meses con 20 grados bajo cero, en 1978, dispuesto a entregar su vida. Ahora la venganza izquierdista quiere quitarle lo que resta de aquella, “en agradecimiento”. Contra todas las leyes. Contra la verdad de los hechos. Contra lo que ordena el Tribunal Constitucional. Y eso prevalece hoy en Chile, y prevalece porque es una nación enferma: el tumor del odio y de la venganza es maligno, pero nadie quiere removerlo. El resto de la gente mira para otro lado, o se hace cómplice o coautor, como en el caso del recién electo Presidente. “¡Pero es que éste era la única alternativa a convertirnos en otra Venezuela. No importa que haya agrandado el tumor!”, nos dicen.

          El brigadier Krassnoff, de impecable hoja de vida militar, condecorado con la medalla “Al Valor” por haber enfrentado al mayor jefe terrorista de su tiempo, Miguel Enríquez, cabecilla del MIR, ha recibido condenas por 160 años, basadas, según confesión del propio juez que le impuso la mayor parte de ellas, en “ficciones jurídicas”. Prevaricación confesa. El brigadier lleva 18 años injustamente privado de libertad. Chile le confiere la medalla al valor y lo condena a presidio perpetuo. Y para el Año Nuevo se abraza.

          También por odio y por venganza, pronto van a cerrar Punta Peuco, para lanzar a un penal común a los Presos Políticos que allí hay. Como son de excelente conducta, porque no son delincuentes, y mantienen el recinto impecable, son privilegiados y hay que arrojarlos al hacinamiento de los malhechores comunes. Por odio y por venganza. Y estudian “degradar” a los Presos Políticos Militares, para privarlos de beneficios previsionales. También por odio y por venganza les niegan los derechos penitenciarios que son comunes a todos los presos, como salidas dominicales o diarias. Asimismo, por odio y por venganza mantienen preso al general (r) Orozco, un nonagenario que está fuera de sus cabales –y por añadidura es inocente, pues su único “delito” fue asomarse hace cuarenta y cuatro años a una calle a averiguar el motivo de unos disparos--  (“debió saberlo”, afirmó la jueza que lo condenó a 18 años como coautor de ellos). Un informe sobre su salud mental, que le permitiría cumplir condena domiciliaria, demora meses, para así aumentar el tormento.

          ¡Y cuántas veces he comentado las condenas a uniformados por un delito no tipificado en las leyes, el de sólo “haber estado ahí”! Incluso el del comandante (r) Cáceres, de la Armada, que probó ni siquiera “haber estado ahí”, pero le desecharon las pruebas. Ahora, en el caso del coronel (r) Gutiérrez, tampoco siquiera estuvo en el lugar de los hechos ni supo de ellos, pero es igualmente condenado.

          Ése es el cáncer. Y nuestra sociedad lo sabe y pretende hacer como que no lo tiene. ¿Qué dice el Colegio de Abogados, cuya misión es velar por la ética y la legalidad en la profesión? Nada. Un colega me refería que, cuando le había hecho ver a la entonces presidenta del Colegio este silencio cómplice, ella le había contestado: “Es que si planteo ese tema, se quiebra el Colegio de Abogados”. ¡Si se reinvindica la ética, se quiebra el Colegio! Para no “quebrarse” tiene que contemporizar con la prevaricación confesa de los jueces.

Cuando yo envié a la revista del Colegio de Abogados un artículo denunciando la prevaricación en un fallo redactado por un abogado integrante de la Corte Suprema que suele enviar artículos a la misma revista reivindicando la majestad de la ética y de la ley, la publicación, tras meses de vacilaciones, se negó a publicarlo. Entonces lo reproduje en este blog el 27 de marzo de 2015, bajo el título de “Artículo Impublicable en la Revista del Abogado” y veo que hasta la fecha ha tenido 1.964 lecturas, diecisiete más que la última vez que consulté, hace un par de meses. Es que expone el tumor maligno que corroe a nuestra justicia, a la profesión del foro y a nuestra sociedad.

Porque los jueces prevaricadores están confesos: en el informe 8182-10 de la Corte Suprema reconocieron que “no hay leyes que permitan” condenar a uniformados, no obstante lo cual lo hacen, contrariando el “principio de legalidad” establecido en la Constitución. Un ministro de la Corte Suprema, Patricio Valdés –cuyo voto es siempre minoría— declaró en “El Mercurio” hace poco que los fallos en materia de derechos humanos “se apartan de las normas constitucionales”.

          Se levantan voces, pero, aunque valiosas, son minoritarias: el abogado Adolfo Paúl Latorre publica su libro “Prevaricato”, desoyendo voces de derecha que –siempre pusilánimes— le sugerían un título “más suave”. Se vende en la Feria del Libro. El almirante (r) Miguel Ángel Vergara envía sucesivas y lúcidas cartas a los diarios denunciando el mal, y se las publican. Lo mismo hace su camarada y también ex Comandante en Jefe de la Armada, Jorge Arancibia. El brillante columnista de “La Tercera”, Axel Buchheister, no tiene pelos en la pluma para hacer sus fundadas denuncias. Lo mismo el profesor y economista Alvaro Pezoa, en el mismo diario. Patriotas independientes, como Yerko Torrejón Koscina, logran a veces que sus defensas de los Presos Políticos Militares (“políticos”, porque lo están contra la ley y por razones políticas) vean la luz pública.

          Pero la “corriente dominante” no quiere que haya cirugía del tumor. Al contrario, el comunismo ha logrado amedrantar a todo el mundo que osa denunciarlo. Y así lo ha hecho desde que su brazo armado asesinó al senador Jaime Guzmán por oponerse al indulto masivo de terroristas que practicó Aylwin. El comunismo agrede a quienes defienden el estado de derecho y el debido proceso, luego éstos desisten de hacerlo.

Hay amedrentamiento. Recuerdo haber dedicado un blog a una columna de un distinguido jurisconsulto cercano al Opus Dei, donde criticaba el activismo judicial, es decir, las excursiones de los jueces fuera de la legalidad en sus fallos ¡pero sin mencionar las más ostensibles e impúdicas de todas, las que tienen como víctimas a los uniformados (r)! Fue como estar comentando las cumbres cordilleranas sin mencionar al Aconcagua, y estando justamente parado frente a él, le decía. No se dignó responder. Es que a “la voz que clama en el desierto” no hay necesidad de responderle.

          “Eppur si muove”, como decía Galileo. El mal existe, el tumor está ahí. Que todo Chile se abrace esta noche de Año Nuevo y se repita recíprocamente lugares comunes sobre fraternidad, chilenidad, amistad y bondad, como si el sarcoma del odio, el abuso, la arbitrariedad, la ilegalidad, la mentira y la inmoralidad vengativa contra los presos políticos de Punta Peuco y ahora Colina II no estuvieran ahí. Pero están. Ningún Año Nuevo puede ser feliz en un país mientras un grupo de ancianos que, cuando jóvenes, enfrentaron a las balas extremistas para salvarlo, sigan siendo encarcelados, perseguidos y maltratados como lo están siendo, contra toda ley y todo derecho, ante la indiferencia general.

Fuente: https://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/12/infeliz-ano-nuevo-de-los-presos.html

Era Sólo un Militar (r) - por Hermógenes Pérez de Arce

          Antes del 11 de septiembre, en 1973, los civiles no-marxistas estaban furiosos con los militares porque no hacían nada, mientras Allende preparaba a su ejército paralelo para instalar acá otra Cuba. Los demócratas iban a lanzarles a los militares plumas de gallina a sus domicilios y a sus cuarteles. Frei Montalva los imprecaba: “¡Ustedes tienen las bayonetas y no las usan!”, como le confesó a la directiva de la SFF haberle espetado a un general (Acta Rivera).

En octubre de 1973, cuando todavía el miedo era cosa viva, Aylwin I se negaba a criticar a los militares “desde detrás de un escritorio” porque, decía, “ellos están recibiendo el fuego”. En ese fin de año 1973 hubo 1.800 muertos, el 56 % de los 3.197 registrados entre 1973 y 1990. El mismo 11 cayeron 30 uniformados bajo las balas extremistas (Informe del Ejército a la Comisión Rettig, que ésta ni siquiera leyó, pues había sido formada por Aylwin II en 1990 para complacer a los comunistas y condenar a los militares, no al ejército paralelo de la izquierda).

A éste y sus descendientes hoy el erario les pasa unos 400 millones de dólares anuales para indemnizarlos por habérseles impedido liquidar a los altos mandos e instalar un régimen totalitario, mientras los uniformados que le hicieron caso al mismo Aylwin I en 1973 se pudren en la cárcel cada vez en mayor número. El principal cómplice activo de la prevaricación general en su contra, Sebastián Piñera, encabeza las encuestas de popularidad, porque la mayoría, con el cerebro convenientemente lavado por años de propaganda falsa, no sabe la verdad ni entiende nada.

          En un acto de prevaricato más, la ministra Marianela Santibáñez mandó detener al comandante (r) de la Fuerza Aérea Carlos Alberto Rey Cortés, de 71 años, por haber comandado una patrulla que en 1974 disparó contra un individuo que no respetó el toque de queda, dándole muerte. Esa muerte, por supuesto, estaba amnistiada desde 1978, prescrita desde 1979 y amparada por la cosa juzgada desde que un tribunal militar sobreseyó los hechos después de ocurridos.

         Pero el comandante (r) Rey Cortés sabía que en Chile, para él y sus camaradas, no existe el estado de derecho ni rigen las leyes, puesto que en el auto de procesamiento en su contra la ministra Marianela Cifuentes afirmaba que “existen presunciones fundadas en cuanto a la participación de Carlos Alberto Rey Cortés como autor del referido delito de homicidio”. No es verdad, como ella declaró a “El Mercurio”, que su auto de procesamiento “no implica necesariamente una condena”. Sí la implica, hoy en Chile. Por consiguiente, Rey Cortés sabía que, una vez preso, iba a continuar en esa calidad por constituir “un peligro para la seguridad de la sociedad” durante los años que durara el proceso y que, finalmente, iba a ser ilegalmente condenado a cinco años y un día y posiblemente diez años y un día si finalmente el proceso llegaba a la sala penal de la Corte Suprema donde los ministros Juica, Kunsemüller y Brito forman una sólida mayoría de izquierda y un previsible abogado integrante DC, redactor del fallo, lo iba a tratar en él de “delincuente” en sus considerandos.

          Y todo eso después de haber consumido gran parte de sus ahorros pagando abogados defensores caros e inútiles, porque ninguno de los jueces rojos antes nombrados ni sus inferiores, como la ministra Cifuentes, hacen el menor caso de lo que dicen as leyes vigentes.

         Entonces el comandante (r) Rey Cortés se pegó un balazo en la sien cuando iba a ser detenido por “la brigada de DD. HH. de la PDI”. Quiso evitarse y evitarle a su cónyuge y familia una década o más de ordalía judicial, de publicaciones injuriosas en los diarios, de que la ahíta Lorena Pizarro y sus funadores rojos lo fueran a insultar cada vez que acudiera engrillado a prestar declaración y de que, octogenario y enfermo, tuvieran que llevarlo también engrillado y con una casaquilla amarilla de reo a ser atendido al Hospital de la FACH en medio de la indiferencia de sus camaradas activos.

          Claro, el comandante (r) Rey Cortés sabía que a él le venía lo que ha sucedido en todos los casos que terminan donde Juica, Brito, Kunsemüller et al, como el de los cinco oficiales (r) del Cuartel Ancla II de Talcahuano, donde murió en 1973 el mirista entrenado en Cuba Rudy Cárcamo. Tres ex oficiales de la Armada, uno de Carabineros y otro de la PDI venían condenados a 541 días de presidio remitido desde primera instancia y la Corte de Apelaciones, pero en la Suprema se les subió a cinco años y un día efectivos (con voto de minoría de Juica por diez años y un día), fallo redactado por el abogado integrante DC Luis Bates y criticado en un artículo mío para la revista del Colegio de Abogados, cuya mayoría de “centroderecha” decidió  censurarlo y no publicarlo, y que yo entonces sí publiqué en este blog el 27 de marzo de 2015. ¿Y por qué llegó ese caso a la Sala Penal de izquierda de la Suprema? Porque la Oficina de Derechos Humanos del ministerio del Interior de Sebastián Piñera interpuso un recurso de casación contra la sentencia de 541 días remitidos, pidiendo elevarla a cinco años y un día efectivos, para que los ex oficiales no tuvieran posibilidad de cumplir su pena en libertad.

          Carlos Alberto Rey Cortés quiso evitarse y evitarles a su cónyuge y su familia todo eso, años de injusticias, ilegalidades, funas comunistas y versiones desdorosas en su contra en la prensa; referencias de Piñera a él como “violador de derechos humanos”, enormes gastos en defensa judicial y, sabiéndose carente de tales derechos, partiendo por el más básico de que a su respecto se aplicaran las leyes vigentes, puso fin a sus días.

          Era sólo un militar (r), así es que, al final, “nadie dijo nada, nadie dijo nada”.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/10/era-solo-un-militar-r.html