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viernes, 22 de marzo de 2019

Prevaricación Cara y Contradictoria - por Hermógenes Pérez de Arce

El ministro sumariante Carroza ha prevaricado, por fin, en el caso Quemados, pero no tanto como otros de sus camaradas jueces de izquierda, pues ha reconocido la excepción de cosa juzgada en favor del capitán Fernández Dittus, que comandaba una patrulla encargada de proteger a pasajeros y transeúntes contra la amenaza de ser quemados por terroristas incendiarios, que en un día de protesta de 1986 portaban botellas con combustible y ácido explosivo para atentar contra vehículos de locomoción colectiva y particulares que circularan contraviniendo la consigna opositora.

Un respetado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Alberto Echavarría Lorca, de los tiempos en que la extrema izquierda no constituía todavía mayoría en los tribunales superiores de justicia, determinó que Carmen Gloria Quintana había tropezado contra los recipientes altamente combustibles y ello les había provocado quemaduras a ella y su acompañante, que fueron apagados por un sargento de la patrulla, que debió atenderse en un hospital.

El capitán decidió inicialmente llevarlos a un hospital o entregarlos a Carabineros, pero los extremistas, cuya gravedad por las quemaduras no era evidente, le pidieron no hacerlo así, pues ello les significaría ser procesados como terroristas, y se decidió entonces dejarlos en libertad. El capitán eligió un lugar en el que no fuera visto incumpliendo su deber y los dejó ir. Como finalmente Rojas De Negri resultó muerto y Quintana con graves quemaduras, fue condenado en el proceso por cuasidelito de homicidio y lesiones a 541 días, los cuales cumplió. Ahora ello le ha valido ser exonerado de toda responsabilidad.

El juez Carroza ha prevaricado porque el caso estaba prescrito, no obstante lo cual lo reabrió cuando dos ex conscriptos integrantes de la patrulla, en precaria situación económica, aparecieron treinta años después, con amplia publicidad en los medios, contradiciendo lo que habían declarado en 1986 y afirmando que oficiales del Ejército habían quemado a Rojas y Quintana. Esto motivó una querella judicial por "los abogados de siempre", también siempre listos para ir tras una millonaria indemnización que compartirían con las "víctimas".

¿Pero cómo se aviene la "verdad judicial", de que tres oficiales que no formaban parte de la patrulla quemaron ex profeso a los terroristas, como dice la nueva sentencia, con la otra "verdad judicial" emanada de la anterior sentencia en el proceso de 1986, que produce cosa juzgada, y según el cual las quemaduras fueron accidentales y el único responsable de cuasidelito fue el capitán Fernández Dittus, al abandonar a su suerte a los quemados?

Cuando la justicia se aparta del derecho y su menester se convierte en un quehacer político que procura grandes rentas económicas, suceden estas cosas.

Lo que no cambia es que termina pagando el Estado, condenado a indemnizar con 450 millones de pesos a los portadores de combustibles y ácidos altamente explosivos para quemar pasajeros.

Alguien diría que no hay prescripción por tratarse de un delito de "lesa humanidad", pero ese delito no existía en 1986 y, en todo caso, lo cometían los terroristas, que se disponían a "atacar a una población civil", como se describe en ese tipo penal, y no a los militares que quisieron proteger a esa población civil de ser quemada dentro de los vehículos.

Pero reconozco que el proceso prevaricatorio del ministro Carroza sirvió para una cosa: que el ex conscripto Leonardo Riquelme Alarcón reveló que fue él quien tropezó con las botellas de líquido altamente inflamable, lo que las quebró y generó el fuego que quemó a los terroristas. Esa honestidad de Riquelme Alarcón me llevó a proclamarlo "ciudadano del año" y a renovar mi fe en el pueblo chileno, pues frente a dos desertores que, por una razón que podemos imaginar, salieron treinta años después con una versión distinta de la de 1986, hubo ocho que se mantuvieron en la misma, siendo que todo los tentaba también a desertar y obtener una prebenda. Eso habla bien de la mayoría del pueblo chileno. Por fortuna los conscriptos leales a la verdad sólo han sido condenados por Carroza a un período de libertad vigilada, aunque el proceso les ha resultado ruinoso para sus modestos ingresos.

Peor suerte corrieron los oficiales condenados a diez años por hechos en los que no tuvieron participación y, tal como centenares de otros militares presos, fueron condenados mediante el perjurio de decenas de extremistas dispuestos a declarar en su contra por los mismos móviles que nos podemos imaginar.

Pero el país sigue cayendo muy bajo: se consagra la mentira como "verdad Judicial"; un mismo juez certifica dos "verdades judiciales" contradictorias; se obtiene millonarias sumas del Estado mediante un engaño; se condena a inocentes por delitos que no han cometido; y se sigue voceando una consigna falsa para condenar a un régimen que hizo lo posible por proteger a la población civil de ser quemada por terroristas incendiarios de izquierda.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.com/2019/03/prevaricacion-cara-y-contradictoria.html

lunes, 16 de octubre de 2017

¿Qué Hace la Derecha con su Plata? - por Hermógenes Pérez de Arce

          Lo que le da la gana, naturalmente. Pero no puedo estar más en desacuerdo con su aporte electoral: en “El Mercurio” del sábado 14.10.17 se informa sobre sus donaciones a candidatos presidenciales a través del Servicio Electoral. Allí aparecen $1.709 millones para Sebastián Piñera versus menos de $74 millones para José Antonio Kast. En otra publicación se da cuenta de las distinguidas familias, otrora partidarias del “Sí” a Pinochet, que han hecho los mayores aportes al candidato denostador del Gobierno Militar (en 2009 lo declaró “el peor de la historia”), que no es de derecha y que se irguió, bajo el gobierno que encabezó, en el peor perseguidor de los militares que dominaron al terrorismo marxista a partir de 1973 (con mil de las mil 300 querellas en contra de ellos).

          De las nóminas de aportes se desprende que muchos bendecidos por la fortuna han apostado a “lado y lado”, porque Guillier aparece recibiendo apetitosos $1.103 millones y hasta la Beatriz Sánchez se eleva por sobre los $503 millones.

          ¿Por qué la derecha no quiere financiar al ÚNICO candidato de derecha? Esto no sólo es ideológicamente inexplicable, sino pragmáticamente absurdo, porque en la primera vuelta se presentará una ocasión irrepetible de dejar fuera del Gobierno a las izquierdas, que van divididas en seis candidaturas, mientras del centro a la derecha van sólo dos.

          Aparte del “voto duro” con que puede contar José Antonio Kast, de gente que sigue siendo defensora del legado del Gobierno Militar, está el claro compromiso con él de la “familia militar”, que, si tiene alguna lealtad con los presos políticos uniformados (r), debería votar unánimemente Kast; y, asimismo, está el voto valórico de los evangélicos en su favor, anunciado expresa y sorpresivamente por uno de sus principales pastores el viernes pasado en el programa de Checho Hirane, ante el desagrado de éste.

          La posibilidad de excluir a la Nueva Mayoría en la primera vuelta es excelente y lo menos que podrían hacer los que fueron partidarios del Gobierno Militar y se beneficiaron de sus políticas sería apoyar al segundo candidato del centro a la derecha, además de Piñera, que puede superar a cada uno de los seis de la Nueva Mayoría. Le aportarían así lo poco que le falta para sumar un poco más de veinte por ciento de votos, con lo que superaría a todos los aspirantes que se disputan los votos del centro hacia la izquierda.

          Lamentablemente la derecha no es leal con su mejor gente. La semana pasada vi cómo dos medios de dicho sector, al cual pertenecen sus respectivos propietarios, se sumaban a la campaña de “asesinato moral” contra Loreto Letelier, la candidata UDI que dijo la verdad sobre el caso “Quemados”, en el sentido de que habían sido víctimas de un accidente que provocó el incendio de los artefactos explosivos y el combustible que portaban. Sin embargo, vi en “Teletrece”, del canal de Andrónico Luksic (que figuró aportando $29 millones a Piñera) afirmar que había sido un “tribunal militar” el que en 1986 sostuvo dicha tesis. Y “La Tercera”, de otro empresario de derecha, Álvaro Saieh, dijo el 14.10.17 en pág. 18, refiriéndose a Loreto Letelier, que “su propio partido (tomó)  distancia de ella, (pues) al parecer nadie le explicó que su creencia se basaba en un fallo de la justicia militar”.

          Falso, pues se trató de un fallo del ministro civil de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alberto Echavarría Lorca, designado como ministro en visita, que atribuyó a un tropezón accidental el volcamiento de una botella altamente explosiva y a los movimientos de Carmen Gloria Quintana el derrame de un bidón de bencina cuyo contenido, al inflamarse, la quemó  a ella y a su acompañante Rodrigo Rojas.



          Esa sentencia civil, dictada con fecha 24 de agosto de 1986 en el proceso rol 1609-86, es la verdad judicial vigente en Chile, que dos medios de derecha intentan inexplicable e infundadamente desvirtuar como emanada de un tribunal militar.

          Si la derecha dejara de perseguir, a través de sus medios, a una candidata de derecha que ha dicho la verdad y utilizara sus recursos monetarios para favorecer al único candidato de derecha, la causa de la verdad estaría mejor servida en Chile y sería posible concretar en la primera vuelta presidencial el triunfo de José Antonio Kast sobre todos y cada uno de los seis candidatos de izquierda. Esto último evitaría que otro izquierdista pase a una segunda vuelta donde, reagrupados todos de nuevo tras una sola figura, tendrían alta probabilidad (basta sumar, para apreciarlo, sus porcentajes en las encuestas) de seguir malconduciendo los destinos del país por otros cuatro años.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/10/que-hace-la-derecha-con-su-plata.html

martes, 3 de octubre de 2017

La Verdad No Tiene Su Hora - por Hermógenes Pérez de Arce

          Eduardo Frei Montalva acertó con el título de su libro “La Verdad Tiene Su Hora”, donde se mostró como un político “nuevo”, lo que le granjeó gran prestigio a mediados de los años ’50. Pero era un libro vago, ni capitalista ni socialista, buscando un consenso, como en el punto de que si hubiera en la región un “gran arquitecto político” los estados desunidos de América Latina podrían parecerse más a los Estados Unidos de América Anglosajona y con la tenue sugerencia de que ese gran arquitecto podría ser él.

          Logró cinco ediciones en un año y Frei quedó posicionado como candidato seguro del centro y la derecha para la elección de 1958, sobre todo que su partido, la Falange Nacional, nombre que había tomado del partido fascista español en los años ’30, se lo cambió convenientemente a Partido Demócrata Cristiano, el mismo de las colectividades europeas occidentales que habían derrotado al nazi-fascismo, vencían a la izquierda y prosperaban bajo economías sociales de mercado. Pero Frei falló en que no quiso pedir el apoyo del Partido Conservador, por ser muy de derecha, y éste levantó la figura de Jorge Alessandri, un candidato que sí era de derecha pero de éxito electoral aparentemente muy improbable, no obstante lo cual terminó ganando la elección de ese año sobre Salvador Allende, dejando a Frei relegado al tercer lugar.

          Fue como si este año ganara Kast, segundo fuera Guillier y tercero Piñera.

          El país de entonces tenía en común con el de ahora que en ninguno de ellos la verdad tuvo ni tiene “su hora”. En Chile reina desde hace años una Gran Mentira Oficial, que se ha hecho más patente que nunca en estos días con la actualización del “caso quemados”. Estos, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri, lo fueron en 1986 a raíz de que explotó accidentalmente una botella altamente combustible que ambos llevaban para perpetrar atentados en la vía pública e impedir la circulación de la locomoción colectiva en un día de “protesta” opositora contra el Gobierno Militar.

Un prestigiado ministro de la Corte de Apelaciones, Alberto Echavarría Lorca, conoció del caso como “ministro en visita” y dictaminó, el 23 de julio de 1986:

          “a) Que Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Quintana Arancibia fueron detenidos, el día 8 de este mes, por una patrulla militar que aseguraba el libre tránsito de vehículos, reteniéndolos transitoriamente en el lugar de su aprehensión, uno al lado de la otra y muy próximos a elementos de fácil combustión, combustión que se produjo debido a un movimiento de la joven y la caída y rotura del envase de uno de esos elementos, causando quemaduras graves a los dos y originando posteriormente la muerte del primero”.

          En la causa hubo finalmente sentencia condenatoria del capitán que comandaba la patrulla, pero sólo por el cuasidelito o negligencia de no haber entregado a carabineros a los detenidos o no haberlos llevado a un hospital, y no por haberlos quemado, pues se comprobó que la pareja llevaba botellas altamente explosivas y un bidón de bencina que se volcó y que un militar resultó quemado al apagarles las llamas. Éste sí fue atendido en la enfermería de su regimiento.

          En el reciente foro presidencial un solo candidato, José Antonio Kast, dijo la verdad en el sentido de que no había ningún condenado por la justicia por haber quemado a la pareja. Piñera, en cambio, inculpó a los militares. El senador Espina, parte de su comando, ha hecho lo mismo en posterior programa de televisión.

          Un ministro sumariante de izquierda, Mario Carroza, ha reabierto ilegalmente el proceso –en el cual ya hubo cosa juzgada— a raíz de que dos conscriptos de la patrulla cambiaron en 2015 su versión de 1986 (bajo los incentivos que es de suponer y a raíz de que el Gobierno había traído al país de vuelta a Carmen Gloria Quintana, actual agregada cultural en Canadá, para reafirmar que “fue quemada”). Pero otros nueve conscriptos no han cambiado su versión de que el incendio fue accidental, aunque uno de ellos –Leonardo Riquelme Alarcón-- ha tenido el coraje de reconocer que fue él quien volcó accidentalmente la botella explosiva al tropezar con la misma en 1986. Han perdido sus trabajos a raíz del proceso, sus familias pasan penurias y han pagado las fianzas para su libertad provisional gracias a colectas entre particulares. Son chilenos modestos que, junto a oficiales inocentes, son víctimas de una persecución político-judicial por mantenerse diciendo la verdad y no someterse a la mentira oficial, lo cual les habría atraído tranquilidad y beneficios económicos. Esos nueve ex conscriptos, y particularmente Riquelme, hacen renacer la esperanza en nuestro pueblo.

          Pero en Chile la verdad de este caso, sostenida única y valerosamente, entre todos los candidatos presidenciales, sólo por José Antonio Kast, no ha tenido su hora ni parece que la vaya a tener, avasallada por la mentira oficial ampliamente publicitada y la complicidad de los demás candidatos y, en particular, de Piñera y su gente.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/10/la-verdad-no-tiene-su-hora.html

jueves, 28 de septiembre de 2017

El Gran Impune y la Castigada Veraz - por Hermógenes Pérez de Arce

          Es pintoresco el revuelo provocado porque “El Mercurio” ha informado de pagos por más de cuatro millones de pesos para la campaña de Piñera en 2009, mediante facturas que no correspondían a servicios prestados a SQM, siendo que hace poco más de dos meses, el 6 de julio, “nadie dijo nada… nadie dijo nada” cuando el mismo diario, en su página C 13, informaba de una nueva formalización a Santiago Valdés, ex encargado electoral de Piñera y ex representante legal de Bancorp y Vox Pópuli, empresas vinculadas a éste, “y quien arriesga una pena de 4 años en el caso Penta”, añadiendo que “Valdés ya enfrenta cargos por la facilitación de facturas ‘falsas’ a SQM que suman $366 millones; por haber solicitado a Jaime de Aguirre, ex director ejecutivo de CHV, la emisión de facturas a la minera por $45 millones, cuando Bancard era la controladora del canal y, además, por la suscripción de un forward con CB –a través de Administradora Bancorp— por el que se obtuvo un traspaso de $49,9 millones a favor de la firma ligada a Piñera”.

          Como soy ingenuo y abogado “de los de antes”, pensé que “donde había la misma razón debía haber la misma disposición”; y que si Rossi y Pizarro habían sido formalizados por hacer similares operaciones por mucho menor monto, Piñera también lo debía ser.

          Pero me olvidé de lo que escribió el rector Carlos Peña el 23 de agosto de 2015 en “El Mercurio”, que ha resultado ser la pura verdad, aun a pesar del cambio de posición posterior de Peña: “Mientras basta cualquier tímida vinculación entre Soquimich o Penta y algún político para que el escándalo estalle, su prestigio resulte dañado, su confiabilidad desmedrada y su palabra dudada… nada de eso ocurre con el ex Presidente Piñera. En su caso nada parece resultar escandaloso. (…) frente a un mismo hecho, el que posee el peor comportamiento previo es el que (…) tiene menos riesgo de salir dañado”.

          ¿Cómo logra su impunidad? ¿Tiene pacto con el Diablo, hace mandas a San Expedito, siempre encuentra a alguien que “pague el pato” por él, formula ofertas que “nadie puede rechazar” o todas las anteriores? El caso es que se ha erigido como “El Gran Impune” de la política chilena, con una sonrisa permanente que revela su absoluta tranquilidad de que, tal como en el caso del Banco de Talca hace 37 años, de la conspiración grabada en una Kyoto hace 25, de la negociación de las tarjetas con los bancos bajo amenaza de una moción suya para que tuvieran que pagar intereses en las cuentas corrientes, de su compra de acciones de LAN a Corfo como parte de la “política de los acuerdos”, de su figuración en el diario como presidente de una S. A. mientras era senador, que constitucionalmente debería haber significado su cesación en este último cargo; de la compra de acciones de LAN con información privilegiada, de sus presiones, ya como Presidente, para sacar a Mayne-Nicholls por querer éste repartir igualitariamente los beneficios del canal del fútbol (perjudicando al club de Piñera) y de sus presiones, también como Presidente, para obligar a Ponce Lerou a fusionar las Cascadas y un largo etcétera, hay dos cosas ciertas: que siempre lo pillan, como recuerda hoy Beatriz Sánchez, pero siempre queda impune.

          Si hubiera un Premio Nacional a la Impunidad, la izquierda, que acapara todos los Premios Nacionales, yo creo que se lo cedería voluntariamente a Piñera.

          Por contraste, la candidata a diputada Loreto Letelier, de la UDI, ha dicho una verdad judicial y real: que “los quemados”, Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, lo fueron accidentalmente por el combustible altamente inflamable que ambos portaban. Lo declaró así la sentencia judicial de hace treinta años del ministro de la Corte de Apelaciones Alberto Echavarría Lorca, intachable magistrado. Por añadidura, en el proceso ilegal por los mismos hechos abierto por el magistrado de izquierda, Mario Carroza, uno de los ex conscriptos que participaron en la detención de los extremistas, Leonardo Riquelme Alarcón  –a quien he postulado como “Chileno del Año” por decir la verdad en su propio perjuicio-- se ha autoinculpado y ha revelado que en los momentos de la detención de la pareja, fue él quien, accidentalmente, golpeó una botella altamente inflamable con su botín y les provocó quemaduras a ambos, que se hallaban tendidos en el suelo tras ser detenidos.

          Lo notable del caso es que la UDI, partido de la candidata Loreto Letelier, que ha dicho la verdad con extraordinario coraje político, pretende someterla a un castigo por no alinearse con la versión falsa pero políticamente correcta que ha instalado la izquierda, en este tema como en todos los demás.
Todo lo anterior se aviene con el estado de coma moral que atraviesa el país del Gran Impune y de la Gran Castigada por decir la Verdad.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/09/el-gran-impune-y-la-castigada-veraz.html

sábado, 16 de septiembre de 2017

Un Broche de Odio - por Hermógenes Pérez de Arce

          El odio ha triunfado completamente en Chile. De eso no cabe duda. De partida, nos gobiernan los que siempre profesaron como doctrina la eliminación física del adversario y que personificó como nadie su apóstol, el “Ché” Guevara, organizador confeso de una “fría máquina de matar”, como él mismo escribió, según cita del historiador Álvaro Góngora en su última columna de “El Mercurio”, que ha suscitado las iras de los intelectuales de izquierda, pues ellos habían logrado impunemente transformar ante la opinión pública a los victimarios en “víctimas” (con enorme rédito económico, por añadidura) y, por tanto, a lo que más temen es a la verdad de los hechos que los delata como portaestandartes del odio.

          El triunfo de éste ha impedido la reconciliación de los chilenos y se ha producido acá exactamente el fenómeno previsto por Orwell en “1984”, en que el manejo de la opinión pública requiere, tal como en la novela citada, en que periódicamente el gobierno convocaba a “dos minutos de odio” de toda la población contra su “Enemigo Público N° 1”, Emmanuel Goldstein, acá lo mismo se haga contra el Enemigo N° 1 de los portaestandartes del odio, Augusto Pinochet.

          Doña Michelle Bachelet quiere terminar su mandato con tres medidas de exacerbación del odio: el traslado de los ancianos Presos Políticos Militares a una cárcel común, la plena publicidad de los relatos formulados ante la más escandalosa de las comisiones formadas bajo la Concertación para falsificar la historia reciente, la de “Prisión Política y Tortura”, que su fundador y formador, Ricardo Lagos, en un rapto de pudor que es propio de los conversos (él ponía bombas en su tiempo, como lo denunció Clotario Blest, pero terminó siendo “amado por los empresarios”), había decretado que no podrían publicarse en 50 años; y la renovación, como se hace cada cuatro años y cuando se avecina una elección, del supuesto “asesinato de Eduardo Frei”.

          Michelle Bachelet sabe que el odio reditúa en política. Cuando su antecesor, Sebastián Piñera, caía a los más bajos niveles de aprobación durante su mandato, tras ser sorprendido manipulando la elección de directiva de la ANFP para favorecer al club del cual era accionista controlador, y ello redundó en el despido de Bielsa, discurrió  como maniobra publicitaria y para remontar con la adhesión de los profesionales del odio, trasladar a los oficiales presos políticos en el penal Cordillera a Punta Peuco. Eso le permitió dejar el poder con un 34 % de aprobación, según la encuesta CEP, porque se ganó el aplauso de los comunistas cuando una decena de oficiales ancianos fueron transportados en buses que recibían las piedras de los frentistas al atravesar el pórtico del penal Cordillera, sobre el cual convenientemente se había instalado el emblema de la hoz y el martillo.

          Ella espera similar cosecha pronto, al trasladar a los Presos Políticos a un penal común, cumpliendo la petición que le formulara Carmen Gloria Quintana, que fuera sorprendida en 1986 portando recipientes altamente explosivos para incendiar buses de la locomoción colectiva, uno de los cuales fue volcado accidentalmente y la quemó a ella, convirtiéndola en mártir internacional y consiguiendo, además, que el Enemigo Público N° 1 de la izquierda sea execrado adicionalmente por “quemar a personas que pensaban distinto”, como declarara un político de derecha cuyo cerebro, como el de la mayoría, había sido convenientemente lavado.

          La publicación de los relatos ante la Comisión de la Tortura (necesarios para conseguir una pensión y otras prebendas), se espera, provocarán similar efecto, sobre todo si se evita la publicación de similares relatos de torturas de presos del MIR bajo Frei Montalva, que un grupo de abogados en que estaba Ricardo Lagos denunció a la Corte Suprema en 1970, o los relatos de políticos opositores a la UP, como Juan Luis Ossa y Maximiano Errázuriz sufrieron a manos de Investigaciones bajo Allende, cuando no había guerrilla armada (salvo la que éste organizaba) y se torturaba para no interrumpir la antigua tradición chilena en esa materia, que ahora se oculta para poder culpar exclusivamente al Gobierno Militar y pertrechar con otros cientos de millones de dólares fiscales anuales a los agentes del odio.

          En fin, la peritonitis mal operada de Frei Montalva, de la cual estaba consciente la hermana de Martita Larraechea que lo tenía a su cuidado y un yerno médico del mismo paciente, que nunca se hizo parte de la denuncia, servirá también de “broche de odio” para el término del mandato de Michelle Bachelet.

          Ésta podrá así dejar el poder cultivando odio hasta el último día de su mandato, sin otro riesgo que el de que cada vez más chilenos sigan acordándose de que bajo la Presidencia de su Enemigo Público N° 1 había paz en la Araucanía, los delincuentes eran castigados, y no los carabineros, y la inversión aumentaba y fluía al país, que crecía a una tasa de dos dígitos anuales y se ponía a la cabeza de América Latina.

Fuente: http://blogdehermogenes.blogspot.cl/2017/09/un-broche-de-odio.html