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| Fotografía: Bernardita Pérez-Cotapos |
Antecedentes generales
El 16 de octubre de 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de prensa, donde se describe que “
las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social. Las “brisas bolivarianas”, a las que ha hecho referencia el presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente bolivariana, han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte y corrupción”[1].
Luego, 2 días después, el 18 de octubre de 2019, se iniciaron las movilizaciones en Santiago de Chile con la evasión masiva en el Metro de Santiago, abiertamente promovido por el Partido Comunista y el Frente Amplio, trayendo como consecuencia una perfecta sincronización en los incendios que afectaron a una veintena de estaciones del tren subterráneo.
A estas alturas, los antecedentes de inteligencia internacional revelan que gran parte del financiamiento de la insurrección que se está viviendo en Chile, proviene precisamente del narcotráfico, particularmente del
Cartel de los Soles, el mayor cartel de narcotráfico en la actualidad en Latinoamérica, entre cuyos líderes se encuentra Diosdado Cabello, hombre de confianza del narco-dictador Nicolás Maduro y operando además en concomitancia con las guerrillas de las FARC y el ELN
[2].
Estas guerrillas, después del acuerdo de paz en Colombia, migraron hacia la zona occidental de Venezuela y tienen el monopolio en la producción de clorhidrato cocaína, el control de la zona fronteriza con Colombia y el tráfico ilícito de combustibles desde y hacia Venezuela. Estas acciones están financiando el conflicto insurreccional en los países de Latinoamérica, entre ellos Chile, bajo claros objetivos preestablecidos por el Foro de Sao Paulo, tal como lo ha descrito el propio Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
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Agentes articuladores del movimiento insurreccional
Actualmente hay un proceso de desestabilización en toda la región latinoamericana que busca el derrocamiento de los gobiernos de Ecuador, Colombia y Chile, existiendo para ello una articulación de fuerzas criminales que están actuando en las movilizaciones con el objeto de incrementar las fisuras del sistema político y del Estado y hacer sucumbir a sus democracias.
En Chile, detrás de ello, se encuentra el Partido Comunista y el Frente Amplio, junto a sus distintas facciones, siendo el motor de empuje a las movilizaciones sociales e intentando desestabilizar a las fuerzas de orden y seguridad, por medio de una permanente campaña comunicacional tendiente a desacreditar el accionar de Carabineros de Chile en el restablecimiento del orden y utilizando la exageración y el falseamiento de hechos tildados como violaciones a los derechos humanos.
Para ello el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo fuertemente politizado al alero del Partido Comunista, en conjunto con movimientos sociales subversivos y anárquicos han distorsionado el acontecimiento de hechos en los que la fuerza pública ha debido actuar, generando situaciones forzadas para imputar falsas acusaciones en contra del personal de Carabineros y Militares.
Lo anterior, obedece a una estrategia de desestabilización de la democracia por medio del financiamiento de movimientos políticos, sociales, subversivos y anárquicos en que se han distorsionado las dinámicas políticas de los países afectados, implementando en Chile una verdadera dictadura del pensamiento en las universidades, donde han institucionalizado sofisticadas estructuras de cooptación, represión, desestabilización y de propaganda mediática, bajo el auspicio de las dictaduras venezolana y cubana, cuyo único fin es el de instalar un gobierno ideológicamente concordante a lo que se espera será la Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas (URSH), haciendo un símil de lo que fue la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)
[4].
El Grupo de Puebla
El Grupo de Puebla, es una variante del Foro de Sao Paulo, creado en la ciudad de Puebla, México, pero refundado esta vez con un nombre distinto, principalmente por los escándalos de corrupción y de vínculos al crimen organizado de sus principales líderes como Ignacio Lula Da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales, entre otros.
El Grupo de Puebla ha dejado estipulado que propenden a crear Unión de Repúblicas Socialistas Hispanas (URSH), con miras a que cada “provincia” (país) estén supeditadas al dominio y control de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Dentro de los líderes políticos de Chile en este grupo se encuentra Marco Enríquez Ominami (MEO) y su vinculación con el “estallido social” se centra en seguir apoyando las movilizaciones, por cuanto en Chile se pretende derrocar el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera.
En consecuencia, el Grupo de Puebla, siegue siendo el eje conductor de las movilizaciones que se lleven adelante en Latinoamérica con miras de cumplir con los objetivos trazados de generan un continente conformado con “repúblicas sin fronteras” y mandatados por lineamientos de las dictaduras cubana y venezolana.
Origen del conflicto insurreccional
El conflicto insurreccional en Chile tiene su origen a comienzos de los 90’s y se basa en un proceso de deconstrucción de la sociedad chilena, básicamente, la intervención de diversos aspectos culturales que han propiciado el adoctrinamiento de jóvenes y provocado la formación de adolescentes y adultos jóvenes simpatizantes del “anarco-comunismo” que pretende abolir el Estado Chileno actual y su sistema económico “neoliberal”.
La estrategia para el copamiento del sistema educativo escolar y universitario se basó en los postulados de Antonio Gramsci, cuyos ideales reformistas del marxismo le llevaron a plantear el concepto de “Hegemonía Cultural”, principalmente a través de cambios culturales como la modificación en la educación temprana (adoctrinamiento), la separación del hombre con Dios (eliminar valores de la fe y moral) y controlar los medios de comunicación (control de consciencias).
El copamiento del sistema educativo, tanto a nivel primario, secundario y universitario, está siendo llevado bajo ejes del neo-marxismo, con profesores que se formaron en la década de los 90’s (y en adelante), bajo lineamientos del socialismo del siglo XXI impuestos por el Foro de Sao Paulo para crear niños y jóvenes con elementos de la ideología de género, la distorsión de la Historia de Chile y la falta de Educación Cívica para empoderados de derechos, pero ignorantes de deberes y con una fuerte aversión a la verticalidad, es decir, de no reconocer ningún tipo de autoridad, ni siquiera la de sus propios progenitores.
Hoy, gracias a este trabajo de “educación insurreccional” la izquierda chilena cuenta con una generación de jóvenes, en su gran mayoría desertores del sistema educativo tradicional, pero adoctrinados en la insurrección. De ahí la percepción de tener la capacidad de enfrentar a la fuerza pública, sin respeto ni miedo de sus consecuencias
(ACAB-1312)[5].
Neutralización del sistema de inteligencia
Con la llegada de la democracia en 1990 el sistema de inteligencia nacional se vio fuertemente intervenido, a propósito de las acciones desarrolladas en el régimen militar y que gran parte de los políticos que asumieron cargos públicos tanto en el primer gobierno de la Concertación como en los demás gobiernos de la misma bancada política, habían sido objeto del sistema de inteligencia durante el gobierno de Pinochet.
Las acciones sobrevinientes en las décadas posteriores, bajo el liderazgo del partido comunista y las pretensiones de toda la izquierda radical de establecer un sistema socialista-comunista para Chile, debían estar libres de toda operación de inteligencia que les obstaculizara el objetivo final. De ahí, por ejemplo, bullada fue la noticia de informes de inteligencia del año 2004 que anticipaban la intervención de miembros de las FARC en labores de cooperación guerrillera en la Araucanía
[6] y por tanto deja en evidencia que no había intención de mantener un sistema de inteligencia activo que permitiese anticiparse a escenarios de conflictos liderados por la izquierda, por cuanto obstaculizaba sus pretensiones.
Los dos triunfos de la “centro-derecha” en Chile, con el primer y segundo gobierno de Sebastián Piñera, en ambos casos antecedido por Michelle Bachelet, hacía presagiar una dura contienda política para la izquierda chilena para mantenerse en el poder e instalar un régimen socialista de característica Castro-Chavista. De ahí, el apoyo de Venezuela y Cuba para apurar el establecimiento del régimen por medio del derrocamiento del presidente Piñera, pese a haber sido electo democráticamente en las urnas.
Inmigración forzada
La migración masiva de haitianos en 2017 hacia Chile, fue la gota de “rebasó el vaso” en cuanto a inmigración, porque la apertura a la inmigración libre estaba dándose desde hacía varios años antes. Sin embargo, el caso de los haitianos obedece en esencia a una forma de neutralizar el poder de un gobierno de centro-derecha. A inicios del 2017, las estadísticas evidenciaban un amplio descontento con el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y por tanto una puerta de entrada nuevamente a la Centro-Derecha, representado fuertemente por Sebastián Piñera.
La operación de ingreso masivo de haitianos a Chile tuvo dos finalidades esenciales:
- Incrementar los índices de pobreza para el gobierno entrante, que ya se vaticinaba la alta probabilidad de reelección de Sebastián Piñera y en consecuencia se debía obstaculizar la ejecución del programa de gobierno destinado a la reducción de este concepto, transformándose así el aumento de “pobreza” en un tema importante para el próximo candidato de izquierda.
- Cautivar futuros electores para la izquierda chilena que impidieran una nueva oportunidad para la derecha o la centro derecha de volver al poder y consolidar las pretensiones de la instauración de un gobierno socialista de carácter “castro-chavista”.
Sin embargo, la inestabilidad en Venezuela generó la posibilidad de migración de muchos venezolanos hacia Chile, pero una instancia ideal para infiltrar agentes de la revolución que apoyaran las acciones de insurrección y permitieran iniciar un símil del “caracazo” de Venezuela en 1988.
Así todos los procesos migratorios, tanto regular como forzados, han servido como un ingrediente más para llevar adelante el proceso insurreccional en Chile, lo que a su vez se conjuga con un sinnúmero de otras variables que han desplegado violencia y destrucción, como las alianzas estratégicas con elementos anárquicos, subversivos y del narcotráfico.
Campaña comunicacional
La campaña comunicacional para inducir el consciente colectivo hacia el odio y el resentimiento como ingredientes necesarios de una “insurrección”, se centraron durante décadas en demonizar el rol de la Fuerzas Armadas durante el régimen de Augusto Pinochet Ugarte y limpiar la imagen de Salvador Allende Gossen como el mejor presidente de Chile, exculpándolo de la responsabilidad de haber llevado a Chile al caos de esos años y que marcaron la necesaria intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar el país.
Después del retorno de la democracia, de forma constante los distintos canales de televisión mantuvieron vivo el recuerdo del Golpe de Estado y de todo lo vivido desde el año 73 en adelante, precisamente haciendo énfasis a las violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, pero relativizando las causas que llevaron al pronunciamiento militar.
Son innumerables los programas de televisión que durante más de 29 años han estado transmitiendo programas alusivos al periodo 73-89, precisamente en los meses de julio y agosto de cada año, predisponiendo a la audiencia frente a temas que polarizan aún a Chile. De ahí nace los primeros ápices de insurrección de las nuevas generaciones, que crecieron en un mundo comunicacional donde el mensaje siempre fue que las FFAA y de Orden “mataban gente”, sumado a otras variables que generaron el resentimiento como ingrediente necesario para no tener miedo ni respeto.
Hoy la tendencia de los periodistas y editores que trabajan en los distintos medios de comunicación, (radio, televisión, prensa) en un 99% poseen una marcada ideología de izquierda, particularmente socialista, en consecuencia, la línea editorial de lo que se transmite como contenido, se basa en un pensamiento de izquierda, que tiende, entre otros, a demonizar las Fuerzas Armadas y de Orden como instituciones innecesarias para el Estado.
Partido Comunista de Chile
El Partido Comunista de Chile (PCChile) ha sido uno de los impulsores del conflicto insurreccional en Chile. Es innegable la participación que tuvo el PCChile en el intento de desestabilización del régimen de Pinochet, junto a su brazo armado el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) hasta 1987 cuando éstos últimos pasaron a ser autónomos, pero que luego del fallido intento de asesinar a Pinochet en 1986 y del retorno de la democracia, sus pretensiones de instalarse como poder hegemónico en Chile continuaron.
La congregación del Foro de Sao Paulo no tuvo otra finalidad más que restructurar las fuerzas opositoras al sistema económico imperante, el capitalismo, que ya había dejado en evidencia su triunfo al ser derribado el Muro de Berlín en 1989 y redefinirlas hacia Latinoamérica. Las reuniones anuales del Foro, integrado entre otros por el PCChile, llevaron a rediseñar la estrategia para consolidar el poder, pero esta vez no por la imposición de las armas, sino que utilizando la teoría de “Hegemonía Cultural” de Antonio Gramsci como elemento principal, para hacer un trabajo de largo plazo que crearía una fuerza insurreccional con altas probabilidades de vencer.
Sin duda que el trabajo silente de adoctrinamiento de la actual generación que pulula entre los 15 y los 30 años, con la penetración en los colegios y las universidades, han sido el ingrediente principal y la combinación perfecta para llevar adelante el proceso de insurrección y la desestabilización de una economía que hasta hace 2 meses dejaba a Chile como uno de los líderes de la economía Latinoaméricana y un referente de la economía mundial.
En consecuencia, como “doctrina” tanto el comunismo como el socialismo son corrientes de pensamiento atentatorias contra la estabilidad económica de un país que no transita en dichas ideologías y por tanto su imposición de la fuerza insurreccional las hace tan dañinas como un cáncer, que de forma paulatina avanza y carcome lo que queda del ser humano (sistema económico) hasta lograr su extinción.
El avance insurreccional
El avance del conflicto insurreccional se verá intensificado a partir del mes de marzo de 2020 y en consecuencia se infiere razonablemente que habrá una escalada de violencia, heridos y muertes, a consecuencia de vándalos, delincuentes y anarquistas que intensificarán las acciones, esta vez con saqueos a las viviendas, condominios y edificios.
En el mes de diciembre pasado ya hubo un ingreso violento de ciclistas que ingresaron a un condominio, violando el recinto como propiedad privada, por lo que este tipo de acciones se verán intensificadas en el mes de marzo y abril.
El panorama del mes de abril y las elecciones programadas para definir si se camba la constitución o no, tendrá un escenario complejo si la ciudadanía expresa su voluntad de “Rechazo” a la nueva constitución, ello porque ya ha habido parlamentarios de izquierda que han amenazado con que el conflicto se agravará. Estas afirmaciones de los políticos son serias porque predisponen la intención de incrementar el conflicto insurreccional.
Sin embargo, ¿que se debería hacer para retomar el Chile que se tenía hasta antes del “estallido social”? Es indudable que las fuerzas políticas no están en sintonía para generar diálogos democráticos que lleven a una disminución de los movimientos sociales que se valen de la violencia para ir generando el caos. Por tanto, la voluntad política de los principales promotores de esta escalada NO es precisamente llegar a un acuerdo. Su objetivo es abolir el actual Estado de Chile y ante ello, no hay acuerdo que pueda evitarlo.
Recuperación del Estado de Derecho
A estas alturas, no son muchas las alternativas que se tienen para evitar una imposición de una dictadura Socialista y Comunista en Chile. Por lo tanto, la historia nos demuestra hoy más que nunca que Chile no desea ser parte de estas ideologías.
En consecuencia, la restitución del Estado de Derecho debe imponerse por medio de lo siguiente:
- Decretar el Estado de Sitio y establecimiento de la Ley Marcial
- Eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
- Decretar el cierre de las fronteras y expulsión de extranjeros subversivos vinculados a las dictaduras de Venezuela y Cuba.
- Romper relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela
- Proscribir el comunismo como doctrina atentatoria contra la estabilidad democrática de Chile y expulsar a sus adherentes hacia países de la preferencia de su doctrina.
Finalmente, la imposición del Estado de Derecho garantiza el respeto y retorno de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República y que han sido secuestrados por la insurrección. La eliminación del vandalismo, de la delincuencia y del narcotráfico, son algunas de las consecuencias positivas que se logrará.
Referencias
